El sector autonómico de Seguridad Privada del CSI-F manifestó ayer su preocupación por la reducción de la seguridad privada en los juzgados de Canarias, pues se ha suprimido un 25 por ciento del personal de seguridad privada de estos organismos. Esta medida se incluye en la política del recorte de gastos del Ejecutivo canario.
Según explicó el CSI-F, la reducción de la seguridad privada en estos edificios públicos puede provocar graves problemas en la seguridad de los trabajadores y usuarios.
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El sindicato destacó que se ha realizado este recorte en la peor época del año, pues “el índice de criminalidad en esta época de crisis ha aumentado, porque en vez de reducir en seguridad, se debería aumentar”.
