La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha tenido que resolver por la vía de emergencia el contrato de seguridad del Centro de Medidas Judiciales de Valle Tabares hasta que se resuelva el concurso público del presente año.
Rojas explicó en comparecencia parlamentaria que “el contrato suscrito con la empresa de seguridad Dialse mediante concurso público en el año 2010, finalizaba en febrero de 2010 y podía ser prorrogado hasta que se resolviera el concurso público para la adjudicación de la seguridad del Centro de Valle Tabares para el siguiente ejercicio, sin embargo la empresa no pudo entregar en tiempo y forma la documentación que verificaba que estuviera al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, por lo que nos hemos visto obligados a convocar una contratación de emergencia ya que Valle Tabares no se puede quedar sin seguridad ni un solo día”.
La ley orgánica de responsabilidad penal de los menores impone que la seguridad exterior y perimetral interior de los centros de cumplimiento de medidas judiciales, así como diversas actuaciones singulares, como pueden ser los cacheos, se realice por parte de seguridad privada, quedando la seguridad interior como responsabilidad de los educadores.
“La Consejería de Bienestar Social ¿prosiguió Rojas- ha hecho un tremendo esfuerzo en seguridad y cuenta con una con unas medidas de seguridad excepcionales siendo muchas de ellas no exigibles por la normativa que regula la materia. Todo ello se ha traducido en ausencia total de incidencias en el centro, como pueden ser motines, fugas y positivos en drogas.
Rojas destacó una serie de datos que apuntalan la mejora en seguridad en los centros de medidas judiciales y concretamente en el de Valle Tabares “desde noviembre del 2008 no se ha fugado ningún interno del centro de menores, mientras que el índice anterior se cifraba en 1-2 menores por año. Lo mismo ha sucedido en intentos de fuego o conatos de incendio siendo las cifras de 0-1 por año mientras que en periodos anteriores a 2008 se cifraban en 7-10 por año”.
“Asimismo se ha logrado mejorar los tiempos de intervención de seguridad en bastantes segundos, estando el tiempo medio de intervención en 15-20 segundos desde el aviso de incidente hasta la llegada de seguridad, teniendo en cuenta que éstos se encuentran por ley en el exterior de las instalaciones” concluyó la consejera.
Redada en el centro
Sin embargo el periódico Diario de Avisos publica en su edición de hoy miércoles que la operación que llevó a cabo la semana pasada la Policía Nacional entre los vigilantes de seguridad del centro de menores de Valle Tabares sería el motivo principal por el que la Consejería de Bienestar Social que dirige Inés Rojas habría decidido rescindir el concurso a la actual empresa adjudicataria, Dialse, en beneficio de Securitas, que ha pasado a prestar sus servicios de la medianoche de ayer.
En concreto a los detenidos -nueve en Tenerife, ocho de los cuales trabajadores en Valle Tabares-, se les acusa de falsedad documental al utilizar titulaciones académicas y diplomas de formación falsos para conseguir su habilitación en el sector de la seguridad privada, según el comunicado oficial remitido por la Comisaría provincial.
Tal y como se recoge en la inforamción publicada por el Decano de la Prensa de Canarias “la primera reacción por parte de los trabajadores es buena, dado que las relaciones con Dialse atravesaban un mal momento ante los retrasos en pagos e incumplimientos que habían denunciado los trabajadores”.
