Los trabajadores de Seguridad integral Canaria S.A. han presentado un preaviso de huelga general indefinida a partir del 15 de marzo de 2011 que afecta a todos y todas los trabajadores y trabajadoras adscritos al Servicio de Seguridad y Vigilancia subcontratados en la ULPGC que son un total de 60, denunciando “los injustificados despidos en el servicio, el incumplimiento flagrante del vigente Convenio Estatal de Seguridad Privada, el incumplimiento de obligaciones económicas con los trabajadores y la incoacción abusiva de expedientes disciplinarios a los miembros del Comité de Empresa en el centro de trabajo de la ULPGC, por el simple hecho de reclamar lo que es justo y está estipulado legalmente para los trabajadores”, aseguran en un comunicado.
Asimismo, “la mayor parte de los sindicatos con representación en el sector, además de la huelga han convocado concentraciones diarias frente al edificio del rectorado de la ULPGC para dar a conocer el abuso constante que, desde la empresa Seguridad intergral Canaria SA se comete contra los trabajadores”.
“De igual manera, se realizó ayer martes 15 de marzo, una concentración el de 10 a 13 horas en la Plaza San Agustín Nº 6 (Audiencia Provincial de Las Palmas) con el objetivo de protestar por los despidos e incumplimiento de los convenios colectivos por parte de la empresa Seguridad Integral Canaria S.A. en la subcontrata de los servicios de seguridad y vigilancia de los Edificios de Justicia”, dicen.
Ante esta grave situación, “lo que no tiene nombre y contraviene cualquier consideración mínimamente ética es el hecho de que el señor Miguel Ángel Ramírez dueño de dicha empresa que despide trabajadores a diestra y siniestra, incumple los convenios, y persigue a los representantes sindicales; por una parte alegue los problemas económicos en que se encuentra, para justificar estas acciones y, por otra, gaste ingentes sumas de dinero en presentar a su hija como candidata a reina del carnaval de Las Palmas, y en una fastuosa carroza para la cabalgata, ambas a nombre de la empresa en un acto de derroche y ostentación que contrasta tristemente con la situación de las familias de aquellos trabajadores que ha echado a la calle en ésta y en las otras empresas que dirige”.
Consideramos que el señor Ramírez “debería reflexionar en el hecho de que con lo que le ha costado a la empresa dar de beber a sus amigos en la cabalgata y que su hija quede en el puesto once entre once participantes, hubiera podido pagar meses de salarios a los trabajadores despedidos y que en tiempos de crisis las familias canarias no están para soportar la frivolidad y la mentiras de empresarios con pocos escrúpulos”.
