Nueva normativa para la seguridad y organización en los centros de menores con medidas judiciales

Lunes, 28/03/2011 | Redaccion QSL | 0 Comentarios

Nueva normativa para la seguridad y organización en los centros de menores con medidas judicialesEl Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy la Orden por la que se aprueban las Normas de Funcionamiento Interno de los Centros de Internamiento Educativo para menores infractores de Canarias, en la que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los juzgados de menores.

Según explicó la directora general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Steinert, “a través de este reglamento, se otorga una mayor seguridad jurídica a los jóvenes que cumplen medidas, a la vez que se garantiza la igualdad de trato a los menores y jóvenes con independencia del centro donde estén cumpliendo una medida judicial de internamiento, fijando un mismo régimen interno de funcionamiento para todos los centros dependientes del Gobierno”.

“Pero, además, -continuó Steinert- la presente Orden prevé que las particularidades de cada centro de internamiento que pueden venir determinadas por aspectos tales como el tipo de medidas judiciales que en cada centro se ejecuten, de la propia infraestructura y de los servicios con que cada uno cuente, se pormenoricen a través de los protocolos específicos que la dirección de cada centro debe elaborar, con la aprobación de la entidad pública”.

“El fin es dotar de mayor seguridad jurídica al funcionamiento de los Centros de Internamiento Educativos no sólo porque adopta la forma jurídica correcta, como es la Orden Departamental, ajustándose el régimen jurídico de tales centros a la vigente Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la responsabilidad penal de menores, tras su modificación el año 2006″, aclaró la directora general de Protección del Menor y la Familia.

La Directora general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Steinert,Según Steinert, “la aprobación de estas Normas Internas no constituye una actuación aislada sino que responde a la labor que se ha venido realizando desde el Gobierno canario en los últimos años dirigido a la elaboración y aprobación del futuro Reglamento de Justicia Juvenil en Canarias que, permitirá por un lado, actualizar el marco jurídico de estos centros, y por tanto adaptar el actual Decreto 36/2002 al marco jurídico vigente, y por otro, introducir en Canarias una regulación pormenorizada de las medidas judiciales en medio abierto”.

La Orden consta de un total de doce Capítulos, y 66 artículos en los que se regulan , entre otros aspectos, la organización de los centros, gestión de medidas judiciales de internamiento, derechos y deberes de los menores y los jóvenes, normas de convivencia, atención sanitaria, atención educativa, internamiento de régimen abierto, vigilancia y seguridad, y régimen disciplinario.

Un 76% menos de jóvenes con delitos graves en los últimos cuatro años

Steinert subrayó que, en Canarias, ha descendido el número de jóvenes que cumplen medidas en régimen cerrado, que ha pasado de un total 93 jóvenes en 2007 a sólo 22 en 2010, “por tanto, un 76 % menos de jóvenes con delitos graves o reincidentes en los últimos cuatro años”

“Además, -recordó- nuestra comunidad es prácticamente la única Comunidad Autónoma en el que ha descendido de forma sostenida la tasa de condenas a menores de edad”.

“De hecho, si en 2008, el decremento de la tasa de condenas para el colectivo de menores fue de un 18% menos con respecto a 2007; en 2009 desciende otra décima situándose en una tasa de 6,38 delitos por cada mil habitantes, cuando la media del Estado se establece en 9,73″, matizó.

“Esto significa que Canarias está a tres puntos y medio menos que la media del Estado en delincuencia juvenil”, explicó la directora general de Protección del Menor y la Familia, quien afirmó que “esto ha sido posible gracias a la implantación en Canarias de un modelo garantista de derechos de diseño público, en el que la planificación, los programas y la inspección se lleva a cabo por parte de la entidad pública, o sea la dirección general de Protección del Menor y la Familia, la gestión de los centros por una Fundación Pública y la inserción se realizan a través de los sistemas públicos de sanidad, educativo o de empleo”.

“Pero también gracias a la implantación de una política activa de recursos humanos o la clara apuesta por la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes como medida para que no vuelvan a delinquir. Como ejemplo, basta con indicar que en estos momentos 92 chicos que están cumpliendo medidas judiciales tienen un contrato de trabajo y 379 están en cursos de formación profesional ocupacional para ocupar un empleo”, afirmó Steinert, quien subrayó la importancia de la estrecha colaboración mantenida durante estos años con la administración de justicia todo este proceso.

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