El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha afirmado este lunes que el servicio de emergencias 112 del Gobierno de Canarias no cumple con los protocolos firmados con el Ministerio de Interior a la hora de comunicar los requerimientos de los ciudadanos y beneficia a la policía autonómica.
Según indica el SUP en un comunicado, todas las materias relacionadas con la comisión de delitos y faltas son de exclusiva competencia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, según el ámbito territorial, y la actuación de las policías autonómicas y locales tiene el carácter de colaboradores.
Esto es así porque lo dispone la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se ha recogido en los protocolos que se firmaron en su día entre Jaime Mayor Oreja y Lorenzo Olarte Cullen, cuando eran ministro del Interior y presidente del Gobierno de Canarias, respectivamente, añade el SUP.
En su opinión, es “muy habitual” que cuando un ciudadano llama al 112 comunicando la posible comisión de un delito o una falta penal, los responsables de las salas del 112 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife que coordinan los servicios de emergencias “demoran y en ocasiones ocultan” a los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado la llamada.
A su juicio, este proceder tiene “como único fin” comunicar la llamada primero a la policía autonómica en aquellos sitios donde prestan algún servicio, como sucede en Maspalomas o en Playa de las Américas y, en otros casos, donde no hay cuerpo autonómico le dan prioridad a la policía local.
“En la mayoría de los servicios en los que el ciudadano ha demandado presencia policial llamando al 112 en vez de al 091, cuando llega la patrulla de la Policía Nacional ya se encuentra en el lugar requerido una unidad de la policía autonómica o de la local, cuando el hecho es asunto de la exclusiva competencia de la policía nacional porque así lo establece la ley, produciéndose un retraso malintencionado por los responsables del 112″, asevera el SUP.
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