La creación del Cuerpo General de la Policía Canaria se planteó en un contexto económico caracterizado por la “suficiencia” presupuestaria, en función del éxito del despliegue alcanzado en esta materia por Cataluña y el País Vasco. Después de muchos años de polémicas y debates sobre si era necesario o no, así como de la elevada inversión que conllevaría el proyecto, la puesta en marcha definitiva y la salida a la calle de los primeros 100 agentes uniformados de gris y rojo tuvo lugar a mediados de 2010, con la crisis económica muy avanzada e incidiendo en los ingresos de la administración regional. Con el panorama actual, parece evidente que en el Ejecutivo autónomo existen otras prioridades que reclaman la atención de sus autoridades, ya que el crecimiento de la plantilla para asumir con mayor eficacia las competencias e iniciativas previstas puede esperar.
Tras la conformación del nuevo gobierno regional, el área de Seguridad fue asignada a uno de los hombres de máxima confianza de Paulino Rivero, Javier González Ortiz.
Fuentes de la plantilla de la Policía Autonómica señalan que, medio año después de asumir sus cargos, ni González Ortiz ni el director general de Seguridad y Emergencias, Juan Manuel Santana, se han reunido con los agentes para conocer sus demandas o inquietudes o explicar las directrices que se van a seguir en el desarrollo del Cuerpo General para los próximos años, según fuentes sindicales. Y esa situación genera decepción en parte de los funcionarios. Aunque cabe recordar que el consejero González Ortiz ha tenido la responsabilidad de elaborar los presupuestos para el próximo año, mientras que el director general de Seguridad y Emergencias lleva varios meses centrado en atender la erupción volcánica submarina de El Hierro y sus “efectos colaterales” para la población.
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