El Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (Stap) exige al Gobierno canario que, ante la anunciada modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, tenga en cuenta las posturas de los sindicatos sectoriales, puesto que tienen una amplia representación en los cuerpos de seguridad municipal del Archipiélago y representan a varios miles de agentes de base.
Uno de los responsables de Stap-Canarias, Domingo Chávez, asegura que este sindicato ha hecho llegar una serie de propuestas y de indicaciones para que sean consideradas por el grupo de gobierno en el Ejecutivo Autónomo, integrado por CC y PSC-PSOE, al Grupo Popular y el Grupo Mixto en el Parlamento canario, así como a la Consejería de Seguridad.
Chávez recuerda que las autoridades regionales sólo tienen en cuenta a organizaciones sindicales de clase con amplia representación autonómica o nacional, a nivel general, pero cuya presencia específica en las policías locales no resulta tan masiva.
Según Stap, esa circunstancia produce “malestar y muchas inconveniencias” en las decisiones finalmente adoptadas que afectan a los agentes municipales.
En un escrito dirigido a la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Stap-Canarias plantea una serie de reclamaciones con el objetivo de que sean incluidas en la futura modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales.
Dicho sindicato pide que las personas que accedan a las convocatorias policiales no encuentren el obstáculo de los permisos de conducción de motos y edad, ante los requisitos que existen las normas de tráfico para su expedición, “lo que vulnera, por otro lado, los derechos constitucionales de igualdad de acceso a las convocatorias públicas de empleo”.
Stap se opone a la creación de cuerpos auxiliares, de “agentes de movilidad” u otros análogos en combinación con las policías locales, por el elevado gasto económico, así como por la descoordinación que existiría entre ambas figuras. En esa línea, desde Stap recuerdan la experiencia de los auxiliares de policía entre 1986 y 1997, debido a sus graves limitaciones de cara al servicio, así como a su escaso respaldo legal y competencial.
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