El Parlamento de Canarias acordó hoy, a propuesta del Grupo Popular, exigir al Gobierno Autonómico el cumplimiento de las propuestas recogidas en el dictamen de la Comisión de Estudio de menores desparecidos, así como el impulso de un acuerdo de cooperación con la Delegación del Gobierno para articular un sistema de alerta temprana ante estos casos.
Así se recoge en una Proposición No de Ley que contó con el voto favorable tanto del PP como de CC, y la abstención del PSOE, defendida por el diputado Fernando Figuereo, quien denunció que las 34 conclusiones obtenidas, aprobadas por la Cámara el 22 de junio de 2010, aún no han entrado en funcionamiento.
El parlamentario popular, citó entre ellas la propuesta de implantar un sistema de alerta temprana similar al método Amber de Estados Unidos, adaptada a las Islas, y complementada con memorandos de actuación de carácter local, insular, nacional y estatal, según el caso, y dentro de los pertinentes acuerdos de cooperación con la Delegación del Gobierno en Canarias.
Figuereo recordó que en enero de este año, la Comunidad Autónoma y la Delegación del Gobierno de Madrid anunciaron la creación de un dispositivo similar, “que involucra a numerosos organismos públicos y servicios de emergencias, teniendo en cuenta que las primeras horas tras el suceso son fundamentales, como bien señaló el Parlamento de Canarias”.
“Esto indica –apuntó-, que se asumen lo expuesto en un informe elaborado en las Islas, que lamentablemente aún no se ha tenido en cuenta en nuestro territorio, pero vale más tarde que nunca, y si el trabajo sirve para salvar a un solo menor, bienvenido sea”.
El diputado del PP se refirió también a la elaboración de una guía preventiva en el ámbito educativo y de seguridad de la comunidad autónoma, para orientar a los menores respecto a cómo actuar ante un extraño, tanto en la calle como en el hogar, haciendo uso de las nuevas tecnologías.
También remarcó la necesidad de reforzar el portal del Gobierno de Canarias “Vive Internet”, con el fin de que se informe del buen uso y los riesgos que entraña la red.
Asimismo, solicitó que estas medidas “no se usen como arma política ante el grave problema que suponen secuestros, desapariciones y agresiones sexuales a menores, y que no se invoquen problemas económicos para evitar la implantación de los protocolos previstos”.
Comisión de Estudio
La Comisión de Estudio de menores desaparecidos del Parlamento de Canarias se constituyó el 16 de abril de 2009, y sus trabajos se prolongaron durante todo un año, hasta que el 22 de junio de 2010 emitió un dictamen que fue aprobado por el Pleno.
Fernando Figuereo, que fue presidente de la comisión, recordó que los antecedentes del documento señalaban que el Parlamento de Canarias no puede ni debe permanecer ajeno a cuestiones sociales que preocupan profundamente a las familias del Archipiélago, como la seguridad de los menores, “un tema que nos compete, por cuanto de la información obtenida pueden emanar iniciativas y mejoras”.
Las 34 conclusiones se obtuvieron después de intensas jornadas de trabajo con expertos en criminología, derecho penal, genética forense, medina legal y toxicología, así como colegios de abogados, FBI, UNICEF, Red Parental en Europa, la directora de Smile Of Child en Atenas, la administradora del proyecto Amber –Departamento de Justicia de Estados Unidos-, periodistas y un largo elenco de asociaciones y personas que colaboraron desinteresadamente.
El documento final fue remitido tanto a los participantes como a las Cortes Generales del Estado, y a los Parlamentos de las distintas Comunidades Autónomas, que felicitaron al Parlamento de Canarias por el trabajo realizado, y por ser un instrumento eficaz en la lucha contra estas agresiones a menores.
