La Dirección General de la Policía ha aprobado hoy reducir más de un 20 por ciento los permisos sindicales de los que disfrutan los representantes de los sindicatos del Cuerpo y que en el año 2011 alcanzaron, según el Ministerio del Interior, las 90.000 jornadas laborales.
La nueva norma sobre permisos sindicales, que actualiza una circular vigente de forma provisional desde 1988, ha sido presentada hoy a los sindicatos por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
El principal objetivo, según ha informado el Ministerio del Interior en una nota, es disminuir las liberaciones sindicales en un momento de grave crisis económica en el que “todas las administraciones están obligadas a hacer un especial esfuerzo de austeridad”.
Una de las novedades de la norma es que el cómputo de los permisos se calculará en jornadas de trabajo -frente a las 250 horas previstas anteriormente-, y se establece un tope de 33 jornadas laborales mensuales a cada organización sindical por consejero obtenido.
Además, no se autorizarán permisos sindicales que excedan el 5 por ciento de los efectivos reales de cada plantilla, con el fin de garantizar la prestación de los servicios policiales.
Cada organización sindical dispondrá de un cupo máximo anual de jornadas para la realización de actividades sindicales que será calculado en función de la media anual de afiliaciones del año anterior.
Además, durante los periodos vacacionales de verano, Semana Santa y Navidad, o cuando se produzcan eventos de especial incidencia en la seguridad ciudadana, solamente se podrán conceder permisos sindicales si está garantizada la prestación del servicio.
Para facilitar la autorregulación y la gestión de los permisos sindicales, la División de Personal de la Dirección General de la Policía informará trimestralmente a los sindicatos del número de jornadas consumidas de su respectivo cupo anual.
En su intervención ante el Consejo de la Policía, el director general ha agradecido el esfuerzo de responsabilidad de los sindicatos con esta regulación que marca un punto de equilibrio entre los derechos sindicales y la prestación de un servicio público que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos.
