Los responsables de Seguridad y Emergencia de los cabildos mantuvieron una reunión, recientemente, para seguir debatiendo y avanzando en el anteproyecto de ley de protección civil y atención a las Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actualmente se encuentra en trámite, con el objetivo de conseguir un modelo consensuado entre las siete islas.
En esta reunión se analizaron las alegaciones, presentadas por las distintas corporaciones insulares al anteproyecto con el ánimo de consensuar una postura conjunta de los cabildos en esta materia, destinada a “enriquecer, mejorar e impulsar este nuevo texto legal que todos los cabildos estiman muy necesario para la Comunidad Autónoma”, informó el Cabildo de Tenerife.
El encuentro, presidido por el vicepresidente quinto y consejero de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad, José Antonio Valbuena, tuvo lugar en el Cabildo de Tenerife y contó con la participación de María del Mar Arévalo, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria; Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, consejera del Área de Desarrollo del Territorio del Cabildo de La Gomera; Soraya Brito Navarro, consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote; Nieves Arroyo Díaz, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma; Carlos González Segura, director insular de Seguridad del Cabildo de Tenerife, y técnicos responsables de seguridad de los siete cabildos.
Tras hacer una exposición de la postura defendida por cada cabildo, se acordó que los técnicos responsables redacten una propuesta conjunta que refleje la postura común de los cabildos en cuanto al modelo de seguridad y emergencias que se propone para Canarias. El texto se discutirá en la próxima reunión, que tendrá lugar en Gran Canaria el 30 de octubre. El objetivo de este anteproyecto es la regulación de cuestiones fundamentales como los derechos y deberes de la ciudadanía, de las entidades e instituciones públicas y privadas; las actuaciones básicas del sistema de protección civil y emergencias en sus distintos ámbitos de intervención; la organización y reparto competencial que corresponde a cada nivel de las administraciones publicas canarias; la determinación de las autoridades competentes y las fórmulas de colaboración y coordinación entre las instituciones.
