El historial publicado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ejecutivo regional, desde 2012 se han decretado un total de 25 alertas por fenómenos meteorológicos adversos en las Islas, casi el doble que las contabilizadas en los tres años anteriores. En concreto, en 2012 se decretó la alerta por viento en dos ocasiones; por fenómenos costeros, una vez; por lluvias y tormentas, dos veces; y por calor y altas temperaturas, hasta en tres ocasiones. Ese año, además, también se estableció el nivel de alerta ante el fenómeno sismo-volcánico que se originó en El Hierro, donde igualmente se puso en marcha el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca).
El incendio de La Gomera, y los declarados en La Palma y Tenerife ese mismo verano, originaron también sendas alertas, una categorización que viene determinada por una serie de criterios preestablecidos. No en vano, según explica el jefe de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Humberto Gutiérrez, el protocolo que se sigue habitualmente se basa en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de otros asesores externos que colaboran con el Gobierno regional, “siempre teniendo en cuenta la valoración de riesgo existente para las personas”. Las alertas que decreta la Dirección General, no obstante, son distintas de los avisos que lanza la Aemet, ya que “conllevan consejos de autoprotección para la ciudadanía y para las administraciones públicas, para que puedan poner en marcha sus planes de emergencia”. En 2013, en base a estos criterios se decretaron un total de 8 alertas. De ellas, 3 fueron por lluvias y tormentas (una de las cuales también incluyó la alerta por viento), 2 por fenómenos costeros, 1 por viento y 2 por temperaturas altas o máximas, una de las cuales se activó conjuntamente con el aviso por riesgo de incendio. En estos casos, el jefe de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias recuerda que “no sólo los episodios de calor y altas temperaturas provocan los incendios, que también dependen de más factores”. No en vano, en muchas ocasiones la Dirección General establece prealertas que no se publican ni difunden, porque son internas y tienen un carácter exclusivamente preventivo.
Las prealertas de uso interno, solo para servicios de emergencias
Muchas de ellas, en cualquier caso, anticipan la posterior declaración de alerta, como ocurrió semanas pasadas con el último de estos avisos por lluvias decretados por el Gobierno regional. Junto a esta alerta, desde el 1 de enero de 2014 y hasta la fecha se han publicado 11 avisos por fenómenos meteorológicos adversos, siete el año pasado y cuatro en lo que llevamos de 2015.
En este mismo periodo, el Consejo de Gobierno aprobaba la modificación del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), que desde marzo de 2014 simplifica la estructura de fases y situaciones, que quedaron finalmente definidas en: prealerta, alerta, alerta máxima y emergencia, y ésta a su vez en municipal, insular, autonómica o estatal.
El nuevo documento destaca también las actuaciones y toma de decisiones a nivel local, mejorando la coordinación entre las administraciones y facilitando el establecimiento del sistema de comunicaciones. El PEFMA es un Plan de Protección Civil de largo recorrido: su primera versión, realizada siguiendo los criterios del Plan Nacional de Predicción de Fenómenos Meteorológicos, se homologó en 2003. Tres años después, se apostó por una visión más integradora de todas las administraciones con competencias en Protección Civil.
Ahora, desde la revisión llevada a cabo el año pasado, se siguen los principios de responsabilidad de las administraciones públicas, la autoprotección, la descentralización, la coordinación y subsidiariedad.
La irresponsabilidad se paga muy cara
La declaración de alerta por parte del Gobierno de Canarias lleva aparejadas una serie de recomendaciones para la población, según el fenómeno meteorológico que se vaya a producir. Para todos aquellos que deciden no seguir las sugerencias en materia de seguridad, las consecuencias no solo pueden entrañar graves riesgos para la salud, también tienen un elevado coste económico. No en vano, desde enero de 2012, la Dirección General de Seguridad y Emergencias cobra una tasa por todos aquellos rescates realizados con medios regionales y que derivan de “situaciones de irresponsabilidad”.
