La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere que en 2020 haya un millón más de ciclistas que se desplacen de forma habitual en este medio de transporte y que no se incremente su tasa de mortalidad.
Este es uno de los objetivos de la estrategia de seguridad vial que se va a desarrollar desde ahora y hasta 2020.
La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, sus líneas básicas de actuación, han sido aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno además a una serie de medidas específicas para el presente año, como la conducción acompañada.
La política de seguridad vial, según ha dicho el vicepresidente y ministro del Interior, está dando “bueno resultados” en los últimos años y buena prueba de ello es que en 2003 fallecieron en las carreteras 4.000 personas y el año pasado lo hicieron 1.700.
Además, 2010 es el séptimo año consecutivo de bajada de la siniestralidad y el Gobierno pretende mantener esta tendencia con una estrategia encaminada además a reducir a la mitad el número de muertos en las carreteras de toda la UE para 2020. Y para conseguir ese objetivo, se han fijado una serie de actuaciones hasta ese año, aunque se revisarán en 2015.
Una de ellas está dirigida a los ciclistas para conseguir que usen las bicicletas de forma habitual un millón de personas más, pero hay otras como la de alcanzar la tasa de 37 fallecidos por millón de habitantes -actualmente la tasa es de 59 fallecidos-.
Por el momento, durante este 2011 se van adoptar unas medidas especiales que se consideran prioritarias, como estudiar la regulación de la conducción acompañada para los jóvenes de 17 años con una persona de experiencia acreditada y promover una guía de caminos escolares seguros.
Otras medidas implican la reforma del Reglamento General de Circulación como la ordenación de los desplazamientos en bicicleta por la ciudad y el establecimiento de zonas con límite de 30 kilómetros por hora.
Para seguir combatiendo los accidentes por una excesiva velocidad se instalarán 100 radares durante este año en el que también estudiará un nuevo baremo de indemnizaciones para las víctimas de tráfico, se intentará mejorar la información sobre los siniestros y promover planes de seguridad vial en las empresas.
Seguridad y ahorro energético
Además de la importancia de reducir la siniestralidad en carretera, el Gobierno quiere atajar la reciente escalada del precio del petróleo reduciendo, a partir del 7 de marzo, la velocidad máxima en todas las autopistas y autovías desde 120 kilómetros a 110 kilómetros por hora
Según anunció hoy el vicepresidente segundo del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la medida tendrá carácter transitorio aunque no se ha decido cuándo se levantará porque no sabe “cuánto va a durar la inestabilidad del norte de África”.
Junto a esto, el Gobierno ha aprobado reducir las tarifas de Renfe un 5 % en media distancia y cercanías, tanto en los billetes sencillos como en los abonos, una medida que entrará en vigor el 7 de marzo y que también será transitoria.
Rubalcaba afirmó que las medidas propuestas por Industria en la rebaja del transporte ferroviario podrían servir de ejemplo para que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos incentiven el transporte público, aunque incidió en que es una decisión que corresponde a estas administraciones.
La reducción de la velocidad máxima en las vías rápidas conllevará una modificación de la señalización de tráfico y de las multas, unas medidas que se tendrán que acometer con urgencia.
El cambio de la señalización, añadió, tampoco será definitivo y no tendrá un coste muy alto.
Las variaciones en la velocidad no afectarán al carné por puntos, ya que el paquete normativo tiene como fin ahorrar energía y no influir en la seguridad vial.
Con estas iniciativas, se estima un ahorro del 15 % en el caso de la gasolina y un 11 % para el gasóleo.
También se elevará del 5,8 % al 7 % el objetivo de biocarburantes, una medida que sí podría tener carácter definitivo.
Ante este cambio del porcentaje obligatorio de compra de biocarburantes por parte de las petroleras, el Gobierno intensificará el seguimiento de los precios y los márgenes de distribución para verificar que se cumplen “estrictamente” en materia de competencia.
El plan de ahorro energético se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes e incluirá también medidas que afectarán a la iluminación de los edificios públicos y de las ciudades.
Para ello, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se reunirá la próxima semana con las Comunidades Autónomas y con municipios.
La semana que viene, dijo Rubalcaba, “le daremos una segunda vuelta” a estas medidas antes de su aprobación definitiva.
