La Finca El Llano fue el marco elegido para celebrar la V Jornada de Seguridad y Emergencias organizada por el Ayuntamiento de Los Realejos, que congregó una exposición estática de hasta 13 cuerpos de distintas administraciones, así como un simulacro de rescate de dos senderistas en el que participaron todos los presentes.

Efectivos de seguridad y atención de emergencias, como Policía Local, Policía Canaria, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, bomberos profesionales del Consorcio de Emergencias de Tenerife y voluntarios del municipio, Protección Civil de Los Realejos, Servicio de Urgencias Canarias (SUC), Cecoes 1-1-2, Grupo de Emergencias y Salvamento, Unidad Militar de Emergencias (UME), Brigadas Forestales (Brifor) y Cruz Roja dispusieron sus equipos y operativos y explicaron a los asistentes las tareas que desarrollan.

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez visitó los diferentes stands y agradeció la colaboración prestada con el desarrollo de esta jornada. Domínguez dio a conocer la campaña de difusión del Plan de Emergencias Municipal recientemente aprobado, “un documento del que carecía este municipio, que impulsó este equipo de gobierno y que queremos abrir en esta ocasión para acercarlo a la ciudadanía y ojalá podamos dejarlo cerrado para siempre, señal de que los posibles riesgos de esta localidad no se han sucedido y no se ha requerido nuestra atención”.

A través de material impreso como folletos y cartelería y charlas presenciales en asociaciones vecinales y centros escolares se darán a conocer determinados consejos de prevención y cómo actuar ante situaciones de emergencias sobrevenidas.

Comienzan las Jornadas Técnicas de Protección Civil y Emergencias de Gran Canaria una actividad enmarcada en el ambicioso seminario FCP de la Plataforma Atlántica para la Formación del Voluntariado de Protección Civil. Bajo el paraguas organizativo del área de Medio Ambiente y Emergencia del Cabildo grancanario técnicos y profesionales abordarán cuestiones de actualidad y sobre la gestión de este tipo de situaciones. Las sesiones se desarrollarán en el salón de actos del Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

El objeto de este seminario, es servir como foro de intercambio de ideas y conocimientos sobre los distintos modelos de organización de la respuesta ante las emergencias, que se han desarrollado en diversos territorios del Estado, así como el estudio sobre la respuesta ante emergencias derivadas de fenómenos naturales desde el punto de vista de distintas organizaciones y administraciones.

En ambas sesiones han participado cerca de 90 personas entre expertos universitarios, miembros de organismos de coordinación y dirección de emergencias, del comité asesor del PEMU, responsables de los grupos de acción en materias de seguridad, intervención, logística así como rehabilitación de servicios esenciales; unidos a representantes de organizaciones vecinales, de empresas, profesionales del sector e incluso entidades de voluntarios. Está previsto que las nuevas sesiones de este proyecto se celebren durante la primera semana del próximo mes de noviembre.

La propia evolución de este seminario participativo, que arrancó el pasado mes de junio, hace que los participantes ya estén trabajando sobre casos reales, escenarios posibles, la organización y jerarquización de los recursos.

Para aportar una mayor dosis de realismo, en los cinco supuestos prácticos analizados estos días, se han geolocalizado cuestiones como las estructuras sensibles, rutas de evacuación, medidas en materia de tráfico, posibles espacios de confinamiento, servicios intervinientes, logística, riesgos a tener en cuenta, así como los mensajes y las fórmulas para informar a la población.

“Estamos ante un trabajo casi revolucionario para construir un PEMU, estimulando, buscando y promoviendo la participación social de una representación de todos los sectores del municipio; donde cada uno aporta su opinión y conocimientos con el objetivo de que todo ello fructifique en un plan de emergencias actualizado”, manifestó el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz Estébanez.

El edil también apuntó que, además de este trabajo, “según vaya avanzado la elaboración del nuevo plan de emergencias tendremos que asumir el reto de darlo a conocer entre todos los vecinos del municipio, sectorizando y explicando la situación, los riesgos y las recomendaciones en cada caso, porque el objetivo final es tener un mayor nivel de autoprotección y cultura preventiva en Santa Cruz”, concluyó.

Otra de las novedades de los talleres, celebrados ayer y hoy, ha sido la elaboración de mapas de riesgo con el apoyo de los sistemas de información geográfica municipales y las directrices básicas de ordenación del territorio que pueden estar relacionadas con la reducción de riesgos y desastres a escala local.

Esta iniciativa pionera se está desarrollando gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento santacrucero y la Universidad de La Laguna. De hecho, el objetivo de estos talleres sigue centrándose en la importancia de sumar los conocimientos del panel de expertos a las voces autorizadas de técnicos, trabajadores de los servicios de emergencia y protección civil junto a los vecinos.

Según un comunicado de la Policía, los informes periciales de la Unidad Central de Análisis Científico permitieron explicar 454 delitos de “especial importancia”, de ellos 245 agresiones sexuales y 25 de terrorismo.

En total, se efectuaron 17.936 reseñas genéticas, que posibilitaron el reconocimiento de 3.347 autores de hechos delictivos, además de 8.847 identificaciones por huellas dactilares.

El 41% de los más de 94.000 informes periciales emitidos en toda España durante el año pasado correspondieron al área de Biología-ADN, que fueron “clave” para la resolución de cientos de crímenes; a continuación se situaron los estudios químicos-toxicológicos (21,78 %) y los dactilares (17,96 %).

El resto de informes periciales fueron de los servicios de balística forense, infografía, falsedad documental, escritura manuscrita, incendios, informática forense, antropología forense, acústica forense, trazas instrumentales y propiedad intelectual/industrial.

Además, la Comisaría General de Policía Científica cotejó su base de datos de perfiles genéticos con las de nueve países adscritos al Tratado de Prüm (Alemania, Austria, Francia, Luxemburgo, Holanda, Eslovenia, Eslovaquia, Rumania y Letonia).

De las coincidencias encontradas entre las mismas, se intercambió información sobre más de 200 asuntos, con una participación activa de la policía española en la resolución de más de 50 investigaciones en esos países sobre homicidios, tráfico de estupefacientes, secuestro y delitos contra el patrimonio.

También durante 2012 se ha puesto en marcha el intercambio estandarizado de ficheros dactilares con EEUU y Eslovaquia.

A la reunión, que se celebrará en el Salón de Actos de la Policía Local de Telde (C/Junco, 6. La Garita, Telde), están invitados los alcaldes, concejales y jefes de policía de los 21 ayuntamientos de la Isla.

La Academia Canaria de Seguridad, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, inició el pasado 12 de noviembre, en El Hierro, una ronda de visitas que llevó a la institución por todo el Archipiélago. Con esta reunión, la institución culmina el calendario de encuentros mantenidos con los responsables de seguridad y emergencias de los 88 municipios canarios.

Batas blancas, camisetas verdes, negras… pero también azules. Los policías no han sido ajenos a la crisis y aunque no tienen derecho a la huelga han salido a la calle para dejar constancia de que la tijera les ha alcanzado.

España se coloca a la cabeza de la Unión Europea en policías por habitante con 4,1 agentes por cada mil ciudadanos, una tasa que se reducirá si continúan las restricciones en las ofertas de empleo público, tal y como advierten sindicatos y asociaciones policiales, que denuncian importantes recortes en medios materiales y una potenciación de la seguridad privada.

Las restricciones salariales han provocado que los agentes de cuerpos como la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra o la Policía Municipal de Madrid hayan perdido entre un 20 y casi un 30 por ciento de poder adquisitivo en los últimos tres años, una factor más para la “desmotivación”, avisan.

La Agencia EFE ha consultado a los sindicatos y asociaciones mayoritarias de estos cinco cuerpos sobre los ajustes. Estas han sido sus respuestas.

- GUARDIA CIVIL: Más de 82.300 agentes

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), un agente básico de este cuerpo sin trienios gana 1.400 euros y ha perdido entre un 20 y un 25 % de poder adquisitivo. Además, le repercutirá el recorte del 49 % en el plan social y en la productividad.

Más de 500 agentes pasan cada año a la reserva y sólo se cubren 126 vacantes, sin contar, dice la AUGC, los 2.500 que se jubilan anualmente, por lo que la plantilla se está reduciendo “a marchas forzadas”.

Retrasos o paralización de obras, cortes de líneas de Internet y vehículos con más de 300.000 kilómetros son otros “recortes” que denuncia la asociación.

- POLICÍA NACIONAL: Unos 70.000 agentes

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cifra en 1.420 euros la nómina de un agente, con una pérdida de alrededor del 20 % del salario debido a la congelación retributiva, la supresión de la extra de Navidad y el recorte del 5 % del sueldo desde julio de 2010.

Precisamente, desde 2010 se están jubilando unos 3.000 policías al año, mientras que la oferta de empleo no alcanza las 155 plazas, por lo que el cuerpo ha perdido 8.500 agentes, según el SUP.

En 2005 se decidió cambiar el arma reglamentaria por otra más ligera y segura, pero el SUP afirma que apenas se han repuesto la mitad y que a las nuevas promociones se les entregan las usadas por los que se jubilan. Además, los agentes tienen que comprarse los chalecos de autoprotección y empiezan a escasear la gasolina y el material de oficina.

- MOSSOS D’ESQUADRA: Algo más de 17.400 agentes.

Un mosso gana en torno a los 1.760 euros mensuales y ha perdido desde 2009 alrededor del 27 % de su poder adquisitivo, según el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), que recuerda que el “estricto” régimen de incompatibilidades al que están sometidos les impide una segunda actividad a diferencia de otros colectivos.

Los mossos se han quedado, entre otras prestaciones, sin tiques comedor, sin ayudas familiares y sociales, sin productividad…, según el SPC, que suma estas supresiones a las rebajas salariales e impagos de algunos conceptos como el trabajo nocturno.

La plantilla no se ha cubierto como se previó y, así, cuenta ahora con 700 agentes menos de los acordados para 2012, señala el SPC, que precisa que los mossos tienen que comprarse de su bolsillo los chalecos antibalas y los guantes anticorte y antipinchazo, y que el número de coches se ha reducido un 21 %.

- ERTZAINTZA: Casi 8.000 agentes.

A 1.720 euros asciende la nómina de un ertzaina básico. El sindicato Erne cree que en los últimos diez años los policías vascos han perdido un 34 % de poder adquisitivo, aunque desde 2009 la pérdida acumulada es del 25,7 %.

Dos años sin convocatoria de nuevas plazas y la previsión de que en menos de cuatro años se jubilarán promociones enteras, llevan a Erne a augurar un “caos organizativo” en la Ertzaintza en un futuro inmediato.

Vehículos obsoletos, falta de formación continúa y otras deficiencias redundarán, según Erne, en un incremento de la inseguridad, como ya se está detectando en Europa.

(por Sagrario Ortega)

El secretario general del SUP en España, José Luis Sánchez Fornet, así lo ha informado en una rueda de prensa junto a los representantes la organización sindical en Canarias, con quienes analizó esta situación, con el fin de concretar medidas de protesta que llevarán a cabo ante la sede de la Jefatura Superior de Policía regional y la del PP.

El SUP ha responsabilizado de esa gestión a la comisaria provincial de Las Palmas, Sagrario de León, cuyo nombramiento sostiene se debe a una cuestión de “amiguismo” y no de méritos, pues es pareja del jefe Superior de Policía de Baleares, “amigo íntimo” del comisario principal Eugenio Pino, actual director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía.

Según Sánchez, la comisaria provincial, que antes era del SUP, se afilió al Sindicato Profesional de Policía (SPP) por “interés” y desde que tomó posesión de su cargo en el mes de abril ha aplicado una política de ceses y cambios de destinos entre los funcionarios de la plantilla que no cumplen con la normativa.

Entre estos ceses, Sánchez ha citado el del jefe de la Comisaría de Distrito Norte de Las Palmas, que es secretario del SUP en Canarias, Enrique Pérez Ramos, y que fue sustituido en el cargo por el vicepresidente regional del SPP.

Según Sánchez, para este cese la comisaria se basó en una cuestión de “reestructuración de servicios” que ha sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia, que en una sentencia reciente ha ordenado que le repongan en su cargo y ha fijado diez días para que se revoque esta decisión errónea, que temen que no se corrija.

Según el SUP, a Ramos, además, el PP no le ha perdonado una denuncia que presentó contra los presidentes del partido en las islas y en Gran Canaria, José Manuel Soria y Australia Navarro, respectivamente.

Otro de los ceses que el SUP considera indebido es el de un inspector de la Brigada de Información que estuvo a cargo de los casos de corrupción “Faycán” y “Góndola”, en los que figuran como imputados miembros del PP, y que ahora forma parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

El responsable del SUP en Las Palmas, Francisco Sánchez Santos, ha informado de que también en el municipio grancanario de Telde y en Lanzarote compañeros del sindicato se han visto perjudicados por esta política de “decisiones arbitrarias”.

Sánchez Fornet ha manifestado que confiaban en que, con el nuevo Gobierno del PP, la politización de la Policía cambiaría, pero “hace lo mismo o peor”, y ha solicitado al jefe Superior de Canarias, Valentín Solana, de quien ha dicho que “parece que aún no ha terminado de aterrizar” en su cargo, que tome medidas convenientes para restablecer el buen ambiente de trabajo.

Así mismo, ha dicho que también pedirán explicaciones al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina.

“La Guardia Civil no abandona ningún caso y, por supuesto, tampoco ha abandonado nunca la investigación del caso de la desaparición de Yeremi”, ha declarado Hernández Bento al preguntársele, en una rueda de prensa convocada por otro motivo, por la detención días atrás de un presunto implicado en la desaparición del chico que finalmente fue puesto en libertad luego.

La delegada del Gobierno ha rechazado, en cualquier caso, hablar sobre esa detención, con el argumento de que pronunciarse al respecto podría perjudicar las labores de las fuerzas de seguridad.

“Cuando hay una investigación abierta no hago comentarios sobre la propia investigación porque, entre otras cosas, puede ponerla en riesgo”, han sido sus palabras.

Un llamamiento que los representantes sindicales de 500.000 agentes, agrupados en Eurocop, han hecho a los gobiernos de sus respectivos países en una declaración suscrita en la última asamblea de esta organización, celebrada en Berlín y a la que ha tenido acceso Efe.

En Eurocop están representadas organizaciones españolas como Erne, ELA, SUP, CCOO, AUGC, UGT y otros sindicatos de policías locales y autonómicas que, en conjunto, representan a casi 88.000 del casi medio millón de agentes que forman parte de este órgano.

A instancias de los representantes griegos, la asamblea de Eurocop ha hecho pública una declaración en la que solicita a todos los gobiernos europeos que “desistan de su disposición a no realizar las inversiones financieras esenciales en los servicios de policía”.

Consideran los sindicatos que la recuperación económica de cada país será “más respaldada” y estará “más asegurada” si los servicios de policía cuentan “con los recursos adecuados” para que sean capaces de “mantener la paz y el Estado de derecho”.

Especialmente, prosigue la declaración, en una época en la que “han aumentado en gran medida las posibilidades de confrontación pública generalizada y de delincuencia”, que se benefician de unos servicios de policía “debilitados a nivel nacional e internacional”.

Tras reconocer “los desastrosos y desproporcionados efectos adversos que han causado las medidas de austeridad impuestas a los servicios de policía”, Eurocop no oculta su “preocupación” y sus “miedos bien fundados” por esas consecuencias.

De hecho, se pregunta si la capacidad de las fuerzas policiales nacionales contra la criminalidad no estará siendo “seriamente comprometida debido a la severidad de los recortes de gasto público en los pagos y los presupuestos policiales”.

Pero va más allá y Eurocop toma nota de la “evidencia” de que “un error” de cualquier Estado miembro de la Unión Europea firmante del acuerdo de Schengen en su “compromiso operativo” perjudicará los objetivos y la eficacia global de ese pacto.

Eurocop invita a los gobiernos nacionales de la Unión Europea “a reconocer el compromiso, la profesionalidad y el sacrificio de sus agentes de policía, restableciendo los términos y condiciones de servicio apropiados para sus agentes”.

Con “todo el respeto” a los gobiernos de los Estados miembros, Eurocop recuerda a los mandatarios de la UE las obligaciones contraídas por el Consejo de Europa en 1993 en Copenhague, que establecen pautas comunes para la defensa de la democracia y el estado de derecho, fundamentales para la cohesión de la Unión Europea, concluye.