Ocurrió en la noche del jueves pasado en una calle del barrio de Canalejas. Un vecino llamó a la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria para que interviniese contra el exceso de ruido procedente de un local de copas y, como es habitual, acudieron agentes de la Brigada Antirruido, que suelen venir dotados de sonómetros para establecer la pertinente medición. Pero esta vez sólo pudieron hacer un informe porque no disponían del aparato. La culpa la tiene el impago de facturas del Ayuntamiento a la empresa suministradora, que se plantó harta de que le retrasasen el cobro.
La Policía Local no dispone de sonómetros justamente desde el día anterior al del incidente, el miércoles 23, según supo ayer este periódico. La media docena de aparatos de que dispone el cuerpo estaban fuera de servicio pendientes de su calibración en la empresa Dräger, de ámbito nacional, para volver a ser utilizados, pero ésta declinó devolverlos en condiciones de volver a usarse hasta que viese satisfechos los pagos.
“Lo peor de todo es que no es una deuda directamente de la Policía Local, sino del cuerpo de Bomberos”, se lamentan en el cuerpo de la guardia urbana. La empresa Dräger, además de sonómetros, se encarga de suministrar a corporaciones locales de toda España sistemas de detección de gases, alcoholímetros y equipos de muestreo de drogas, entre otros servicios. “Nos han dicho que han actuado igual con otros ayuntamientos para presionarlos a que paguen”, comenta la misma fuente.
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